Cabildo poblano aprobó pagar de adeudo eléctrico en pozos de cuatro juntas auxiliares
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Durante la vigésima octava Sesión Ordinaria de Cabildo, presidida por la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, se avalaron el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre y el Estado de Actividades del primero de enero al 31 de diciembre del 2020.
De igual forma, para generar las condiciones que permitan a la población dar cumplimiento a las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades estales y federales, el Cabildo Poblano autorizó el pago de los adeudos en el pago de energía eléctrica de los pozos de las juntas auxiliares de San Sebastián Aparicio, La Resurrección, San Pablo Xochimehuacán y San Francisco Totimehuacán. Esto mediante el capítulo 4000 de transferencias subsidios y ayudas, de acuerdo con la Ley de Egresos Municipal.
Con respecto a la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, las y los regidores del Ayuntamiento aprobaron por mayoría de votos la solicitud al Congreso del Estado de Puebla para que sean subsanadas las inconsistencias que el documento ostenta.
Además, desde la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, se presentaron dos propuestas para derogar, reformar y adicionar diversas disposiciones a los Capítulos cinco y nueve del Código Reglamentario Municipal. El primero, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y el segundo, para armonizar el Modelo homologado de Justicia Cívica, fortalecimiento de los derechos humanos y lenguaje incluyente.
Integrantes de la Comisión de Bienestar presentaron el punto del acuerdo por el cual se aprobó la adición a las reglas de operación del Programa de Presupuesto Participativo 2021, añadiendo una clausura de causa de fuerza mayor, derivado de la pandemia que se vive por Covid-19, permitiendo mantener y dar continuidad programa.
En ese orden de ideas y con el objetivo de aminorar el impacto de la contingencia sanitaria a la población, se aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se instruye a las secretarías de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, así como a la Dirección de Normatividad, para que en un término no mayor a diez días, realicen un análisis de factibilidad jurídica y administrativa para ampliar la vigencia de permisos expedidos antes y durante el periodo de pandemia y hasta que el Gobierno del Estado determine la reanudación de actividades.
