Juez ordena reposición de sellos de clausura en relleno sanitario de Cholula

CALPAN, Pue.- Un juez ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reponer los sellos de clausura en el relleno sanitario de Cholula, debido al incumplimiento de medidas correctivas por parte de ProFaj Hidrolimpieza. Juan Carlos Flores Solís, representante de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, informó que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil y Administrativa dictaminó que los sellos deben ser reinstalados. La decisión se basa en un acuerdo vigente desde el 3 de abril que permitía la reapertura del relleno una vez completadas ciertas acciones correctivas.

En una conferencia de prensa, Flores Solís explicó que ProFaj Hidrolimpieza no cumplió con la totalidad de estas medidas correctivas. A pesar de ello, la Profepa permitió la operación ilegal del sitio, lo cual llevó a los residentes de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y Calpan a buscar protección legal mediante un amparo. Según Flores Solís, la Profepa realizó una inspección el viernes pasado y confirmó, mediante evidencia fotográfica proporcionada por la organización civil, que las condiciones requeridas no se habían cumplido.

Como resultado de la inspección, ProFaj Hidrolimpieza tiene un plazo de cinco días para presentar sus alegatos. De no hacerlo, se procederá a la recolocación de los sellos de clausura antes de finales de junio. En este contexto, el abogado cuestionó las cifras ofrecidas por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien había estimado que más de cien empleados se verían afectados por el cierre del relleno. Según el abogado, esta cifra se reduciría a solo 50 personas.

Además de los desarrollos legales, Alejandro Torres Chocolatl, miembro activo de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero, denunció una creciente ola de persecución y criminalización hacia los defensores ambientales involucrados en el caso del relleno sanitario. Torres Chocolatl acusó que los manifestantes han sido víctimas de amenazas directas y de intrusiones ilegales en sus dispositivos móviles para enviarles mensajes intimidatorios. También mencionó la eliminación de la página de Facebook “La Voz del Pueblo”, un medio clave para la divulgación de comunicados sobre el tema.

Lula Pineda.